Resumen: Solicitante de ingreso mínimo vital de nacionalidad extranjera, sin autorización de residencia en nuestro país entre el 14/11/19 y el 29/01/21, impugna la resolución denegatoria de la prestación asistencial solicitada el 19/04/21. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada, confirma la decisión del Juzgado, argumentando que, el demandante no cumple la exigencia de haber residido legalmente en nuestro país de manera continuada durante al menos un año antes de la solicitud, por cuanto, a pesar de que en dicho tramo temporal estuvo un periodo en alta en el RETA, habiéndola causado desde una situación de residencia legal, su continuidad temporal no exime de la observancia del régimen de autorizaciones de estancia y residencia, del mismo modo que el empadronamiento tampoco determina el carácter legal de la residencia.
Resumen: Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Diputación Provincial contra sentencia que estimó un recurso promovido por un ayuntamiento contra Acuerdo de la Diputación de modificación de las bases reguladoras del Plan de Obras y Servicios. El recurso de casación se admitió a trámite por tener interés casacional la determinación de si la participación de los Ayuntamientos de régimen común en los planes de obras y servicios promovidos por las Diputaciones Provinciales precisa de previo acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que así lo disponga. El TS responde que si se exige a un municipio que certifique que ha sido el Pleno municipal el que ha acordado acogerse al Plan provincial, no es contrario a Derecho que esa exigencia se mantenga para certificar la decisión de acogerse a los planes adicionales que se integran en la misma convocatoria; y, más en concreto, que ante las circunstancias vividas durante el estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no es contrario a Derecho prever que ese acuerdo lo adopte provisionalmente el alcalde, condicionado a su ratificación por el Pleno municipal.
Resumen: La Sala estima el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia que estima el derecho de la recurrente y considera que la oferta telefónica y su aceptación por la recurrente supone la adjudicación del contrato, sin perjuicio de su formalización ulterior, por personal sanitario, aun cuando finalmente fueran anulados. La sentencia de instancia reconoce a la actora los derechos y retribuciones que pudieran corresponderle derivados del contrato adjudicado. Pero para la sala o ha existido ningún contrato formalizado con la actora, sin que pueda ser considerado tal el llamamiento seguido de la inmediata aceptación realizado siguiendo la normativa reguladora del sistema de selección de personal estatutario temporal para puestos básicos en el servicio de salud autonómico. Por otra parte, no ha tenido lugar una anulación de un contrato que no ha existido; de haber sido así, la Administración debió haber procedido a una revisión de oficio de su acto declarativo de derechos, incurriendo de otro modo en una presunta vía de hecho. Lo que se hizo es dejar sin efectos un llamamiento conforme al acuerdo de la mesa sectorial de sanidad durante la situación de crisis sanitaria.
Resumen: Demanda de desahucio por expiración del plazo. El juzgado estimó la demanda y declaró resuelto el contrato de arrendamiento por extinción del plazo pactado. Respecto de la petición de suspensión del desahucio por vulnerabilidad, se declaró no haber lugar a la misma por no estar solicitada en forma, sin perjuicio de que la petición pudiera ser solicitada nuevamente en el momento del lanzamiento. Los demandados recurren en apelación. Impugnan los pronunciamientos de la sentencia referidos a la denegación de la suspensión y solicitan que se declare la nulidad de actuaciones. La Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia del juzgado. La sala desestima el recurso extraordinario por infracción procesal de conformidad con lo establecido en el art. 469.2 LEC, toda vez que los demandados no recurrieron las resoluciones que acordaron la continuación del procedimiento pese a su petición de suspensión, por lo que, al quedar firmes por la inactividad de los demandados, ni era posible que la Audiencia Provincial estimara el recurso de apelación ni es posible ahora que la sala estime el recurso por infracción procesal. Ello determina que no pueda estimarse el recurso de casación, pues por esta vía, al defender que se da una situación de vulnerabilidad que justificaba la suspensión de la vista, la parte recurrente está intentando revisar una decisión que quedó firme en primera instancia, lo que en modo alguno puede ser objeto del recurso de casación.
